Ante la reciente ola de pintadas con amenazas en establecimientos educativos de diferentes localidades de Misiones, desde la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia se recomienda priorizar la calma institucional, el resguardo físico y la contención emocional de los estudiantes.
En este sentido, desde el organismo que depende de la Vicegobernación de Misiones se insta a llevar adelante medidas de prevención y de respuestas ante las amenazas y pintadas. En ese sentido, si se detecta una amenaza escrita (pintadas o mensajes digitales) es fundamental dar aviso inmediato, esto implica informar a los servicios de emergencia (Policía y Dirección de Salud Pública) y a las autoridades directivas de la institución educativa para activar la custodia policial.
Ante este hecho, se recomienda también no minimizar la situación: Aunque parezcan retos virales, cada amenaza debe ser investigada por la Justicia y la Policía. Asimismo, desde la Defensoría Provincial se hace hincapié en la importancia del control de accesos, esto es reforzar el monitoreo en los ingresos al establecimiento educativo y, de ser necesario, solicitar apoyo policial preventivo en las inmediaciones del edificio.
En tanto, se considera relevante evitar la difusión de imágenes: No compartir fotos de los mensajes intimidatorios en redes sociales para evitar el “efecto contagio” y la revictimización de los estudiantes. Vale remarcar que garantizar el Cuidado y Protección de los NNyA es responsabilidad de todos. Desde la Defensoría Provincial de los Derechos de los NNyA se destaca el trabajo que se viene implementando en este marco desde la Policía de Misiones y desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia a partir de que se realizaron procedimientos judiciales y se intensificó el trabajo preventivo con presencia policial, ciberpatrullaje y articulación con docentes y familias.
En esa línea, se valora la adopción de medidas preventivas con intervención de organismos especializados, garantizando el resguardo de los derechos de los involucrados y el acompañamiento institucional necesario. En todos los casos detectados, se trabaja con un abordaje interdisciplinario, articulando acciones entre áreas especializadas, la comunidad educativa y las familias.
Protocolo de actuación en las escuelas
Vale recalcar que ante la recepción de la amenaza es importante que no se subestime el hecho, pero es vital analizar si proviene de retos virales o situaciones de hostigamiento previo. Por este motivo es necesario notificar de inmediato a la Policía y la Justicia para que realicen el relevamiento de pruebas y garanticen la seguridad del perímetro.
Así también de se debe evitar tratar el hecho como una simple “travesura”, pero también evitar la estigmatización inmediata del presunto autor, priorizando su resguardo institucional. A esto se suma que es fundamental accionar desde el rol del adulto con un enfoque de niñez y adolescencia, es por esto que se deben generar espacios de confianza para que los estudiantes expresen sus miedos sin ser juzgados.
Ante esto, es relevante informar a las familias de manera transparente para evitar el pánico y la desinformación, como también, no difundir imágenes de las amenazas o armas por redes sociales o grupos de chat para evitar el “efecto contagio”.
En caso de entrevistas o indagaciones, asegurar que sean respetuosas de los derechos de NNyA y no exponerlos a situaciones de riesgo adicional. Otro punto destacado es el abordaje de la salud mental y convivencia, para esto es necesario activar equipos interdisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales) para brindar apoyo post-evento a toda la comunidad educativa.
Es así, tal como comenzó a llevar adelante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en la provincia, es importante trabajar a través de talleres de Convivencia Digital, sobre el uso responsable de redes y la identificación de contenidos violentos o retos peligrosos.
Si se identifica a un estudiante como autor, fomentar que reconozca su acción y participe en medidas que busquen reparar el daño al clima escolar, involucrando activamente a su familia. Vale recordar que, de acuerdo al marco legal, las amenazas son delitos tipificados en el Art. 211 del Código Penal (penas de 2 a 6 años) por generar temor colectivo. En caso de sospechar que la amenaza surge de situaciones de violencia previa o maltrato, utilizar la Línea 911, 102 o la Línea 137 para orientación especializada