El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad. El proyecto busca redefinir el sistema bajo criterios de recorte, control y medicalización; lo que afectaría tanto a trabajadores y a las propias personas con alguna discapacidad. Para contrarrestar esta situación y con la intención de que esas modificaciones no sean aprobadas desde el sector realizarán este miércoles un reclamo en distintos puntos del país. En Posadas, el punto de encuentro será a partir de las 8.30 en la plaza 9 de Julio y desde allí marcharán hasta la Legislatura posadeña, lugar donde entregarán una nota.
En esa línea, Jazmín Kinder, licenciada en psicopedagogía y referente del sector, advirtió que la propuesta del Gobierno Nacional amenaza con desmantelar el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. «Es el tiro de gracia que le falta para liquidar y destruir todo», afirmó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.
La profesional explicó que el proyecto generaría disparidades en los servicios: las prepagas pagarían un monto, las obras sociales otro y el PAMI uno distinto. «Muchos prestadores dejarían de trabajar con obras sociales, y los profesionales como nosotros buscamos otro empleo después de años de estudio”, sostuvo al tiempo que añadió “los más afectados son las personas con discapacidad, que pierden tratamientos».
También criticó el retroceso al «viejo paradigma de pensiones por invalidez laboral», ignorando el modelo social impulsado por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que permite cobrar pensión a quienes trabajan con ingresos bajos.
Al referirse a la situación económica, Kinder, indicó que el sector perdió cerca del 60% de poder adquisitivo desde fines de 2023 hasta diciembre de 2024, sin compensaciones reales pese a la Ley de Emergencia. En 2025, los aumentos no compensan la inflación real.
Aumentos insuficientes y demoras en pagos
Según preciso la profesional, los recientes ajustes son mínimos y tardan en impactar. Explicó que, en la última semana, la obra social para tratamientos subió de 18.200 a 18.800 pesos; mientras que el módulo de maestra integradora pasó de 434.000 a 449.000 pesos. «Estos aumentos que se hicieron porque aún está vigente la ley, Lo cobraremos en 60 días, facturando a fines de abril», detalló Kinder. En tanto que, en talleres protegidos de Posadas, trabajadores con discapacidad ganan “entre 50.000 y 140.000 pesos mensuales, pero en Buenos Aires hay casos de solo 56.000 pesos; ¿Quién vive con eso?, laburan, pero les cortan las pensiones», cuestionó.
Movilización en Posadas y reclamos amplios
Mañana, miércoles, a las 8:30 en Plaza 9 de Julio, concentrarán para marchar al Poder Legislativo y entregar una nota. “La discapacidad es transversal; todos conocemos a alguien que la padece o podría necesitar prestaciones. Solidaricémonos, porque esto nos afecta a todos tarde o más temprano”, cerró la profesional.