Avanza con hermetismo la investigación que tendría implicados a tres agentes de la Dirección Investigaciones de la Policía por la supuesta extorsión y robo a un comerciante.
En las últimas horas este medio pudo saber que los celulares secuestrados a los policías acusados comenzaron a ser peritados por especialistas de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic).
Según confirmaron fuentes ligadas al expediente a El Territorio, los resultados de esos análisis podrían resultar determinantes para el futuro judicial de los efectivos involucrados. Incluso, las defensas de dos de los agentes que fueron excarcelados la semana pasada anticiparon que solicitarán el sobreseimiento una vez concluidas las pericias.
La causa es instruida por el juez Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, y tiene como imputados a tres policías acusados del delito de cohecho, luego de una denuncia radicada por un comerciante que aseguró haber sido víctima de pedidos de dinero a cambio de evitar una supuesta detención.
Entre los investigados se encuentra el comisario Carlos V., quien recuperó la libertad tras comparecer en audiencia indagatoria, aunque continúa supeditado al expediente. Durante su declaración, y por recomendación de su defensa, el uniformado optó por abstenerse de declarar y únicamente escuchó los cargos formulados en su contra.
Junto a él también fue liberado Nahuel A., mientras que el tercer efectivo involucrado permanece detenido mientras avanzan las medidas judiciales.
La abogada defensora del comisario, Nancy Jara, ya había adelantado que impulsarán un pedido de sobreseimiento al considerar que no existen pruebas contundentes que vinculen a su cliente con la maniobra denunciada. En la misma línea avanzaría la defensa de Nahuel A.
En ese contexto, las pericias sobre los teléfonos aparecen ahora como uno de los elementos centrales de la investigación.
La denuncia que originó el caso fue presentada por un comerciante posadeño, quien sostuvo haber sido presuntamente extorsionado tras la disolución de una sociedad comercial y una denuncia realizada posteriormente por un ex socio. Según consta en el expediente, a partir de esa situación se habría montado una operatoria en la que efectivos policiales le exigían dinero para evitar su detención.
De acuerdo con la acusación, los tres policías (todos pertenecientes a la División Investigaciones de la Unidad Regional I) habrían solicitado una suma de dinero al denunciante. Con esos elementos, la Jefatura de Policía dispuso una investigación encubierta que derivó en el operativo realizado la semana pasada en la ciudad capital.
El procedimiento se concretó cuando agentes encubiertos detuvieron a uno de los sospechosos, precisamente al único que hasta la fecha permanece detenien, en el momento en que presuntamente retiraba el dinero exigido al comerciante. Posteriormente, por orden judicial, fueron arrestados los otros dos efectivos señalados en la causa.
Tras las detenciones, los tres policías fueron separados preventivamente de sus funciones mientras continúa tanto la investigación judicial como el sumario administrativo interno.