En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Gobierno de Misiones oficializó el Decreto N.º 457 mediante el cual declara el 24 de marzo de 2026 como jornada de reflexión y memoria en toda la provincia, al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.
El documento, firmado el 20 de marzo en Posadas por el gobernador Hugo Passalacqua junto a funcionarios de su gabinete, destaca la importancia de mantener viva la memoria colectiva sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura militar en Argentina. En ese sentido, subraya que la conmemoración busca generar reflexión social, no desde el resentimiento, sino como aprendizaje para evitar la repetición de hechos similares.
Entre los fundamentos, el decreto remarca el valor del informe “Nunca Más”, elaborado por la CONADEP tras el retorno de la democracia, como un pilar en la construcción de memoria histórica. Asimismo, plantea que el conocimiento del pasado, incluso en sus aspectos más dolorosos, resulta indispensable para fortalecer la conciencia cívica, el respeto por la paz y los valores constitucionales.
El texto también enfatiza la necesidad de una justicia independiente y del funcionamiento pleno de las instituciones democráticas —como partidos políticos, prensa libre y representación legislativa— como condiciones esenciales para garantizar la verdad y prevenir abusos de poder.
En otro tramo, el decreto advierte sobre las consecuencias de la violencia ejercida desde el Estado y sostiene que los crímenes de lesa humanidad deben ser condenados en el marco de la ley y el Estado de Derecho, rechazando cualquier forma de violencia como herramienta política.
Como parte de las disposiciones, se invita a la ciudadanía a reflexionar críticamente sobre los acontecimientos ocurridos a partir del 24 de marzo de 1976, y se establece que durante esa jornada las banderas nacional y provincial permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos.
Finalmente, el Gobierno provincial ratificó su compromiso con las políticas públicas orientadas a la defensa de los derechos humanos, así como con las consignas de Memoria, Verdad y Justicia, en un contexto histórico marcado por el medio siglo del quiebre institucional que interrumpió el orden democrático en el país.