El ex diputado provincial Germán Kiczka, sentenciado en abril del 2025 a 14 años de prisión por tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil (Masi), solicitó hace siete meses el beneficio de prisión domiciliaria. Una solicitud que reflotó en el espacio público y mediático luego de que se conociera que inició una huelga de hambre en la cárcel de Cerro Azul, después de lo que acusó se trata de una “causa política”.
Tales declaraciones fueron confrontadas de manera directa por César Yaya, uno de los jueces del Tribunal que lo condenó a él y a su hermano Sebastián (éste a 12 años de prisión). En una entrevista televisiva, el magistrado fue tajante al señalar que “no es político” el delito por el que fue juzgado: la tenencia y facilitación de archivos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.