El proyecto de desregulación impulsado por el gobierno nacional abrió un fuerte debate entre los colegios profesionales de todo el país. En el caso del sector inmobiliario, la discusión gira en torno a la matrícula obligatoria y el rol de las instituciones que regulan la actividad.
La presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones (CCPIM), Mariela Amarilla, explicó que el viernes el ministro Federico Sturzenegger recibió a integrantes de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira), espacio en el que Misiones también hizo llegar su postura.
“En principio dejar en claro que la potestad de los colegios profesionales es de las provincias”, expresó. En ese sentido, remarcó que el colegio misionero “ya hace un tiempo viene trabajando con los legisladores misioneros al respecto”.
Amarilla aclaró además que los corredores inmobiliarios “no somos paso obligado en las operaciones de bienes raíces”, ya que muchas transacciones se realizan sin intermediación profesional. Sin embargo, sostuvo que “lo que sí es obligatorio para ejercer el corretaje inmobiliario es estar matriculado en CCPIM”.
Sobre ese punto, consideró que la posible desregulación genera preocupación porque “no todos poseen el conocimiento ni la expertise para hacerlo”. También señaló que desde la institución reciben numerosas denuncias vinculadas a operaciones irregulares.
“En el colegio recibimos muchas denuncias que no podemos atender porque es de intermediarios no matriculados: estafas, falta de documentos en operaciones, etcétera, lo que nos da la respuesta sólida a la necesidad real de estar colegiados”, afirmó.
Respecto de los cuestionamientos sobre los costos de colegiación, Amarilla indicó que durante el encuentro con el ministro se plantearon diferencias entre distintas jurisdicciones. Según explicó, en Misiones el funcionamiento del colegio no implica gastos para el Estado.
“Nuestros representantes respondieron que nosotros no tenemos ningún costo para el Estado nacional ni provincial, ya que el colegio opera con sus fondos propios”, sostuvo. Además, detalló que la Ley I-152 fija como valor de matrícula “un sueldo mínimo vital y móvil”, mientras que “actualmente la cuota es de 22.000 pesos”.
Para la dirigente, esos montos permiten “otorgar seguridad jurídica y no le cuestan nada al Estado”. A su vez, defendió el rol institucional del colegio al señalar que su función principal es “el control de la matrícula del ejercicio del corretaje inmobiliario dentro del ámbito de la provincia de Misiones”.
En relación con las críticas sobre un posible encarecimiento de las operaciones, Amarilla rechazó esa idea. “Nosotros no encarecemos operación, ya que como cualquier profesional, el que nos contrata nuestros servicios sabe que es a cambio de una retribución”, expresó.
También remarcó el aporte económico que realiza el sector. “Generamos a la industria la recaudación directa de impuestos a los sellos de compra venta o alquileres en cientos de operaciones”, indicó.
Sobre el futuro del proyecto, explicó que el ministro Sturzenegger confirmó que la iniciativa será enviada al Congreso y no avanzará mediante un decreto de necesidad y urgencia. Frente a ese escenario, sostuvo que el CCPIM continuará dialogando con representantes provinciales.
“Ellos nos conocen, conocen nuestro trabajo y conocen el orden del mercado que llevamos adelante”, afirmó. Y agregó que serán los legisladores quienes “defenderán nuestros intereses profesionales y los intereses de los misioneros”.
Finalmente, Amarilla dejó un mensaje dirigido a quienes realizan operaciones inmobiliarias en la provincia. “Trabajen siempre con un profesional matriculado”, pidió. Además, recordó que actualmente existen “400 matriculados en la provincia” y destacó que los profesionales “se capacitan constantemente”.
“Sobre todo el colegio posee tribunales de ética y disciplina que en caso de mala praxis operan al respecto”, concluyó.
Inmobiliarios: “El colegio no le cuesta nada al Estado y garantiza seguridad jurídica”
