Durante años, el horror convivió puertas adentro en una chacra de San Gotardo, en el municipio de Capioví. Ahí, bajo amenazas, golpes y un control absoluto, dos niñas crecieron atrapadas en una pesadilla protagonizada por el hombre al que todos conocían como “Diablo”, quien hoy purga una condena de apenas 20 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad y amenazas.
El apodo no era casual. El sujeto, con un extenso prontuario y señalado en más de una veintena de causas penales, era temido en la zona por tener varias causas por robo y narcotráfico, pero ese temor se agudizaba puertas adentro de su propio hogar.
Las víctimas fueron sus hijastras: una de ellas comenzó a sufrir abusos cuando apenas tenía 11 años según pudo declarar ante la Justicia misionera; la otra, siendo adolescente, fue sometida de manera reiterada durante más de cinco años. Como consecuencia de esos ataques, ambas quedaron embarazadas y dieron a luz a tres niños.
El escenario de los abusos se repetía casi siempre en los mismos lugares: un descampado dentro de la chacra donde vivían o rincones alejados, adonde las llevaba por la fuerza. Golpes, amenazas de muerte y advertencias constantes eran parte del trágico ciclo.
El mensaje era claro: si hablaban, las consecuencias serían peores, no solo para ellas, sino también para su madre y para los hijos que habían nacido producto de las violaciones.
El sometimiento no se limitaba a la violencia sexual. La mayor de las jóvenes fue privada de su libertad durante años. En 2017, cuando el «Diablo» cayó preso, la más grande de las víctimas contó que no podía salir sola, no podía continuar la escuela y vio truncados sus proyectos personales, incluso cuando había logrado destacarse académicamente. El control se extendía a cada aspecto de la vida cotidiana.
La madre de las víctimas también fue parte de ese infierno. Golpizas, humillaciones y castigos constantes formaban parte de una rutina que se mantuvo intacta hasta que un familiar, finalmente, se animó a romper el silencio y denunciar.
La caída de “Diablo” se produjo la noche del 8 de agosto, casi diez años atrás. Fue detenido en San Gotardo y trasladado a una dependencia policial, mientras las víctimas comenzaban a relatar ante la Justicia el calvario vivido durante años. La investigación quedó en manos del entonces juez de Instrucción subrogante de Puerto Rico, Rubén Lunge.
Tres años después, en septiembre de 2020, el acusado aceptó su responsabilidad penal. A través de un juicio abreviado, y sin llegar al debate oral, reconoció los hechos ante el fiscal subrogante del Tribunal Penal 2 de Posadas, Martín Rau. La condena fue de 20 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas.