El Gobierno nacional promulgó la reglamentación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante un decreto. Se trata de “una norma conquistada tras meses de organización, movilización y lucha colectiva de las personas con discapacidad, sus familias, las organizaciones y quienes sostienen cotidianamente el sistema de apoyos”, resumieron desde el Foro Permanente de Discapacidad.
«La reglamentación es un paso necesario para la implementación de la ley, pero no es un gesto voluntario ni una concesión del Ejecutivo: es el resultado de la perseverancia de un colectivo que peleó por la aprobación de la ley y exigió su puesta en marcha”.
Añadieron que “desde el Foro Permanente por la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, estamos analizando en profundidad la reglamentación para verificar que cumpla con la ley en su totalidad, que no introduzca recortes ni interpretaciones restrictivas y que garantice efectivamente los derechos que la emergencia exige, con soluciones inmediatas”.
El caso de Misiones
«Esta medida brinda previsibilidad en materia de políticas que tienen como objetivo la atención de las personas con discapacidad y otorga a las provincias una mayor participación en los procesos de consulta, a través del Consejo Federal de Discapacidad», resumió a El Territorio, Tatiana Antúnez presidente del Consejo de Discapacidad Misiones.
Lo que hizo la Provincia
Ante lo que representó una escandalosa auditoría que afectó a muchos misioneros, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, había recurrido a un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir la restitución de las pensiones por invalidez que se encontraban en ese momento -en septiembre 2024- suspendidas desde marzo por disposición del Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El mandatario provincial había reclamado, como luego se hizo efectivo con la reactivación del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios vinculados que fueron interrumpidos de manera considerada arbitraria por el Ejecutivo nacional.
Desde la Cámara de Diputados también los diputados del Frente Renovador Neo acompañaron la medida impulsada por el Gobierno provincial, como lo hizo en forma previa la vicegobernación buscando proteger a los discapacitados.
El tema fue planteado en la Cámara de Diputados a fines de agosto y como miembro informante, la diputada provincial Anazul Centeno, del Frente Renovador Neo, anunció el respaldo total del bloque oficialista al amparo presentado por el Gobierno de Misiones contra la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Por entonces, la legisladora recordó que más de 10.000 familias misioneras se encontraban afectadas y cuestionó las auditorías realizadas.
En forma posterior se elevó el reclamo ante la Corte y finalmente volvieron a restituirse dicho beneficio. También mediante una sentencia judicial que fue dictada el 5 de septiembre por la jueza civil y comercial de Posadas, Carmen Helena Carbone, se estableció que el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) devuelvan los beneficios, comenzando entonces con los primeros cuatro beneficiarios de pensiones por discapacidad de Garupá, Apóstoles, Candelaria y San José.
Consultada Antúnez sobre las pensiones que habían sido suspendidas por el gobierno de Javier Milei, recordó este jueves 5 que “han sido restituidas por una medida judicial. Entendemos que las auditorías deberían retomarse, pero bajo nuevos procedimientos y reglamentaciones que garanticen el respeto de los derechos de las personas involucradas”, acotó Antúnez.
No obstante, señaló que “todo esto debería ser posible en la medida que el gobierno nacional cumpla con su propia reglamentación”.
Qué dice la reglamentación
Finalmente, en la jornada de ayer miércoles 4, el Poder Ejecutivo oficializó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793.
La medida, publicada en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, establece el marco operativo para una norma cuya ejecución se encontraba suspendida desde finales de 2025 por falta de financiamiento presupuestario.
El gobierno nacional, dio a conocer la reglamentación parcial en respuesta a un fallo del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre pasado ordenó la aplicación inmediata de la ley tras un amparo colectivo.
La reglamentación define los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes.
En los considerandos de la norma, se indica que la configuración del sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad