La denuncia es el primer paso en una situación de violencia de género, pero no garantiza por sí sola protección ni acompañamiento sostenido. Debe haber un sistema judicial y una red social que contenga, y que verifique que quien se animó a denunciar esté fuera de peligro. En pocas palabras, que tenga justicia por lo vivido.
Así lo planteó la abogada Valeria Ocampo, especializada en derecho penal con perspectiva de género y asesora legal de la ONG Huellas de Género, quien advirtió que actualmente la Justicia en Misiones y en Argentina “actúa por ráfagas” y no realiza un seguimiento adecuado de los casos.
En una provincia que en un año (2024) registró 29.683 denuncias policiales por violencia de género, la respuesta, reconoce, debe ser inmediata. Se trata de una problemática que de manera sostenida se refleja en estadísticas: el extremo de esa violencia se reconoce en 10 femicidios confirmados por el Poder Judicial sólo en el 2025 -el año con la tasa más alta de homicidios por razones de género en el último lustro-.
“La denuncia es lo primero que hay que hacer para que el proceso de contención y de resguardo se active”, remarcó Ocampo. Sin embargo, señaló que luego de esa instancia inicial la respuesta institucional pierde intensidad.
“La Justicia en general actúa por ráfagas: le presta atención a lo urgente, pero después no hay un seguimiento del caso, de si las medidas de protección siguen vigentes, de qué pasó”, lamentó.
En entrevista con El Territorio, detalló que estas medidas judiciales, como las restricciones de acercamiento, se dictan con rapidez, pero requieren un control constante que hoy no está garantizado. “Si la víctima no va y la renueva, eso se vence. Es un papel… no es de manera operativa, no es que por tener un papel el agresor no se me va a acercar”, graficó.
Alertas para revisar medidas
Para Ocampo, uno de los principales déficits está en el acompañamiento durante el proceso judicial. “Falta trabajar en ese seguimiento, en esa vigilancia que hoy no lo está haciendo el Poder Judicial”, afirmó. En esa línea, propuso mecanismos de alerta sobre el vencimiento de medidas y una revisión periódica de cada caso: “Ver qué está pasando en el proceso, cuál es la situación hoy de la víctima con el agresor”.
Ocurre que cada caso, en su particularidad, no es sólo un expediente: es un proyecto de vida que se afecta, que se modifica, son lazos afectivos que se interrumpen y una autoestima, observó Ocampo, que se ve minada.
En ese sentido, la letrada describió el esfuerzo que implica para una persona radicar y sostener una denuncia por violencia. “No puedo explicar el trabajo interno que tiene que hacer la víctima para poder llegar a denunciar. Es enorme. Una vez que le relata todo a la policía, eso no queda ahí. La víctima tiene que volver a hacer el relato ante el instruyente o el secretario del Juzgado, que muchas veces es hombre”. Una falencia más: “¿Eso no es revictimización? Sin duda lo es”, afirmó.
Al desgaste emocional, Ocampo también se refirió al impacto económico. En particular, mencionó las acciones civiles por reparación de daños, que -aunque son posibles- son poco frecuentes en su estudio jurídico. “Estamos hablando de un juicio que dura de 2 a 5 años y es costoso. Eso lo tiene que solventar la mujer”, explicó.
Esto “no es un pago por un golpe”, sino de una reparación integral. “Lo que se indemniza es la frustración al proyecto de vida”, analizó.
En ese contexto, indicó que muchas víctimas optan por no avanzar en el camino civil. Dado que “es larga, costosa y también hay un desgaste emocional. Muchas prefieren no hacerlo”, resumió.
Desde su experiencia profesional, Ocampo remarcó que incluso dentro del fuero penal el avance de las causas suele depender del rol activo de la víctima. “Los casos que avanzan más rápido son aquellos en los que se constituyen como querellantes particulares”, indicó. “Es la única forma que tiene la víctima de impulsar el proceso, de aportar pruebas y de ‘controlar’”.
Daño interno
Ocampo también puso el foco en las consecuencias que la violencia genera en la psiquis de las mujeres que lo sufren. “El agresor mina la autoestima, trabaja tanto sobre la víctima que le cuesta darse cuenta de que esa situación no está bien”, lamentó.
Recordó que el ciclo “no empieza con los golpes, empieza con algo imperceptible y se agrava con el tiempo”.
En esa línea, describió distintos tipos de violencia contemplados en la legislación actual: “Hay violencia económica, psicológica, simbólica, patrimonial”. Además se refirió a la violencia vicaria, que se ejerce a través de terceros, generalmente hijos. “Cuando el agresor utiliza a los hijos para hacerle daño a la otra persona, eso es violencia vicaria”, explicó.
Sobre Huellas de Género
Ocampo repasó que comenzó a trabajar con Fernanda Fedeli, presidenta de la ONG Huellas de Género de Misiones, en 2021, poco después de que la asociación estuviera activa como tal.
Allí “nos llegan casos de manera muy diversa, a veces por redes sociales o incluso en situaciones cotidianas”. A partir de ese primer contacto, el equipo evalúa cómo abordar cada caso y brinda asesoramiento inicial.
“Hay personas que no tienen ni idea de cuáles son los pasos a seguir. Entonces se les brinda el primer asesoramiento y se las insta a que hagan la denuncia”, explicó. Paralelo a ello, trabajan en capacitaciones en organismos públicos, en el marco de la Ley Micaela y en articulación con el Observatorio de Violencia Laboral, dependiente del Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones.
Pero el acompañamiento no es solo jurídico. “Muchas veces se empieza por una contención psicológica para que la persona pueda darse cuenta de que lo que vive no es normal”, indicó. En ese sentido, relató casos en los que las víctimas aún no logran dar el paso de denunciar: “Estamos trabajando para que se animen. Es todo un proceso”.
El valor de ser escuchada
Ocampo no dejó pasar el valor que tiene para quien denuncia un hecho de violencia, la instancia final del proceso: la de que su causa sea elevada a juicio y un tribunal dicte una condena al agresor.
En el aire hay emociones encontradas. “Se sienten aliviadas con esa primera elevación a juicio y el hecho de decir ‘yo no estaba mintiendo’. Eso es por ahí lo que más resuena, que se sienten aliviadas porque sienten, y demuestran, que lo que decían era verdad”.
Sucede que muchos todavía ponen en duda la veracidad de la denuncia e incluso del propio relato de las víctimas.
Al respecto, Ocampo desestimó la idea extendida sobre las denuncias falsas. “Es menos del 1% de las denuncias aquellas que son falsas”, aseguró.
Y volvió a remarcar que el proceso es por demás difícil: “Hay todo un trabajo interno, miedo al qué dirán, dependencia económica, temor a no ser escuchadas”.
Para la abogada, el acto de denunciar es un punto de inflexión. “Animarse a denunciar es el primer gran paso”, pero advirtió que allí comienza la etapa más compleja. “No es que uno hace la denuncia y termina ahí. Es donde más fuerte tiene que estar y donde más contención tiene que tener”, enfatizó.
Para Ocampo, quienes vivieron violencia y pudieron contarlo, “son sobrevivientes de esas situaciones