El Tribunal Penal de Eldorado condenó a prisión perpetua a Jonathan Nazareno Ferreira, conocido como “Polaquito”, al hallarlo culpable del homicidio de Bruno Méndez y del abuso sexual cometido contra la pareja de la víctima.
La sentencia fue dictada este lunes, tras un juicio oral en el que el tribunal consideró acreditados los hechos ocurridos en 2022 en Puerto Iguazú. Según se reconstruyó durante el debate, el acusado invitó a la pareja a su vivienda y, en ese contexto, atacó al joven con un arma blanca provocándole la muerte, para luego abusar sexualmente de la mujer.
Durante el proceso, la fiscalía sostuvo que se trató de un hecho de extrema violencia y solicitó la pena máxima prevista en el Código Penal. Por su parte, la defensa intentó demostrar la inimputabilidad del acusado, argumentando que al momento del hecho atravesaba un brote psicótico y se encontraba bajo efectos de sustancias. Sin embargo, el tribunal desestimó esa postura y avanzó con la condena a prisión perpetua.
El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad, tanto por la gravedad del crimen como por el impacto en las víctimas. A lo largo del juicio, el testimonio de la mujer sobreviviente resultó clave para la reconstrucción de lo sucedido.
Tras conocerse el fallo, Manuel Méndez, hermano de Bruno, expresó el dolor de la familia y la sensación de cierre judicial: “No nos va a devolver a nuestro hermanito. Lo venimos sufriendo hace cuatro años y duele mucho, pero por lo menos algo de lo que hizo va a pagar”, señaló.
El familiar también cuestionó la duración del proceso: “Estuvieron cuatro años para dictar una sentencia, que para mí es una barbaridad después de las atrocidades que hizo”, afirmó.
La lectura de la sentencia estuvo marcada por momentos de fuerte carga emocional. Familiares de la víctima se mostraron visiblemente afectados y el padre de Bruno debió ser asistido tras descompensarse en la sala.
El fallo dio por probada la responsabilidad penal de Ferreira y descartó los planteos de inimputabilidad, estableciendo la pena de prisión perpetua por la gravedad de los delitos. Para la familia de la víctima, la resolución judicial no repara la pérdida, pero marca un punto de inflexión después de más de cuatro años de espera.