El Consejo General de Educación (CGE) emitió un comunicado oficial con precisiones técnicas, legales y documentales para aclarar la intervención de la Escuela Provincial N° 284 “Comandante Tomás Espora”, dispuesta mediante la Resolución N° 6554/26. El organismo rechazó de forma categórica las publicaciones recientes que calificaban la medida como un acto de “persecución política y sindical”.
Según explicaron desde el CGE, la decisión deriva de un expediente administrativo iniciado en 2024 debido a graves irregularidades que no pudieron resolverse con las intervenciones institucionales previas. Las actuaciones de los Expedientes Administrativos N° 5554-491-D-24 y N° 5554-736-D-24 exponen una prolongada y severa crisis de convivencia dentro del establecimiento, registrándose antecedentes críticos como conflictos interpersonales recurrentes, fallas en los canales de comunicación, divisiones en el plantel docente e incluso casos de descompensación e intoxicación de alumnos.
Durante los años 2024 y 2025, la Supervisión Escolar del departamento San Ignacio, junto al Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario (GPI), llevó a cabo múltiples abordajes pedagógicos e informaciones sumarias. Sin embargo, los informes técnicos concluyeron que la alta conflictividad persistía, afectando directamente el clima de trabajo, la salud laboral del personal, el nivel académico y la estabilidad de los estudiantes.
Frente a este escenario, el CGE puntualizó que la apertura del Sumario Administrativo es una herramienta técnica objetiva contemplada en el Estatuto Docente (Ley VI N° 6) y el Decreto 226/08, y aclaró que no representa una sanción disciplinaria ni un prejuzgamiento.
Asimismo, las autoridades señalaron que, en estricto cumplimiento de la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551, no se impondrán sanciones a quienes posean tutela sindical sin tramitar previamente la exclusión de la misma ante la justicia, resguardando así todos los derechos gremiales.
Con respecto al apartamiento provisorio de las docentes de sus funciones y el posterior nombramiento del Lic. Cristian Matías Bria como Director Interventor, el organismo remarcó que se trata de medidas cautelares indispensables. El objetivo de estas acciones es doble: asegurar la transparencia e imparcialidad del proceso sumarial —evitando que se interfiera en la recolección de pruebas— y devolver de inmediato la normalidad al entorno escolar.