Un informe nacional del abogado Darío Navarro analiza el uso y regulación de la IA en poderes judiciales de las provincias. Afirma que 13 jurisdicciones ya tienen una norma general vigente; otras tres avanzan con normas sectoriales o proyectos en consulta; siete usan o prueban IA sin reglas generales -como el caso de Misiones – y dos no cuentan con información pública al respecto.
Este panorama deja entrever una cuestión clave respecto a la utilización de esta herramienta y la regulación, necesaria, que aún resta por definir. En ese sentido, el presidente del Colegio de Abogados Antonio López Forastier afirmó que “en Argentina, la regulación de la inteligencia artificial (IA) dentro del Poder Judicial no responde a una ley marco nacional unificada, sino a un esquema fragmentado y descentralizado en virtud del sistema federal del país. Tanto el Poder Judicial de la Nación como los poderes judiciales provinciales vienen adoptando acordadas, protocolos locales y proyectos piloto”.
En diálogo con El Territorio, argumentó que “se apoyan en tres ejes: la no sustitución del juez en las decisiones; el uso meramente de apoyo o asistencia; y la responsabilidad profesional. No pueden delegarse decisiones en la IA, ni esta puede emitir sentencias o dictar resoluciones sustantivas por sí sola. La decisión final, la valoración de las pruebas y el razonamiento jurídico son exclusivos de la persona humana —jueces y secretarios—. El magistrado que utiliza IA es plenamente responsable del contenido final y debe verificar que no existe errores, «alucinaciones» del modelo o sesgos; en caso de que ello ocurra, será responsable de las consecuencias”.