El conflicto por el cobro de una tasa municipal a turistas generó recientemente un freno total en la actividad de las Minas de Wanda, uno de los principales atractivos del norte misionero. Dos empresas dedicadas a brindar servicios turísticos decidieron cerrar sus puertas al público en rechazo al canon “de manera simbólica” durante el fin de semana, lo que paralizó visitas, recorridos y ventas, y encendió una señal de alerta en el sector turístico de la región.
La medida, impulsada por el municipio, busca establecer un cobro a los visitantes. Sin embargo, desde el sector privado cuestionan su legalidad y advierten sobre las consecuencias económicas que podría acarrear.
En este contexto, el abogado magister en Derecho Tributario, Daniel Ricardo García, asesor de las empresas involucradas, explicó -en diálogo con El Territorio– que la situación presenta serias irregularidades desde el punto de vista jurídico. “La tasa fue creada en 2015, luego derogada y recientemente restablecida en noviembre del 2025. Actualmente, la recaudación se está realizando por vías de hecho, con inspectores de tránsito que detienen a los turistas para exigir el pago, lo cual carece de un acto administrativo válido”, señaló. Las empresas involucradas son Compañía Minera Wanda SRL y Minera Tierra Colorada.
Según detalló, uno de los principales cuestionamientos radica en la naturaleza misma del tributo. “Para que una tasa sea válida, debe existir un servicio concreto, divisible y directamente relacionado con quien paga. En este caso, eso no está claramente definido”, explicó.
Al ser consultado si sería viable con un argumento más específico, el especialista señaló que “es difícil que prospere si no tiene claridad de la prestación”.
Además, García hizo referencia a antecedentes judiciales que podrían influir en el desenlace del conflicto. “Hay un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Cantaluppi contra Bariloche, que declaró inconstitucional una tasa turística similar”, indicó.
En esa línea, sostuvo que el destino de los fondos también genera dudas. “El municipio plantea que se utilizarán para infraestructura o mantenimiento urbano, pero esos son servicios generales para la comunidad, no específicos para el turista que visita las minas”, agregó.
El conflicto ya ingresó en el ámbito judicial. Las empresas afectadas presentaron un recurso de amparo en la Justicia provincial, además de iniciar un proceso administrativo. “Es muy probable que la cuestión se judicialice plenamente y que se siente un precedente importante”, anticipó el especialista. Manifestó que este tipo de tasas “dan resultados negativos porque carecen de un aval legal, en el caso de Wanda será un precedente negativo”.
Mientras tanto, el impacto ya se hace sentir en la actividad económica. Desde el sector aseguran que operadores turísticos de distintos países comenzaron a cancelar visitas. “Esto no solo afecta a las empresas, sino a toda la economía local que depende del movimiento turístico: restaurantes, alojamientos y comercios”, advirtió García.
Antecedentes
Según mencionó el abogado sobre el caso Cantaluppi, este sucedió el 2 de julio de 2024. En aquella fecha, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la «Ecotasa» de Bariloche, un tributo exigido a turistas que pernoctaban, tras un reclamo del empresario hotelero Santiago Cantaluppi. El fallo determinó que el Municipio no demostró la prestación efectiva de un servicio directo.