Hace ocho años que María Esther Elvaz y su hijo Luciano, quien padece una condición neurológica grave, no pueden volver a la casa del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) que les fue adjudicada en Leandro N. Alem. Según denunció ante la Justicia, la casa fue usurpada mientras se encontraba fuera de la provincia por tratamientos médicos del joven, actualmente de 28 años y que requiere asistencia las 24 horas del día.
A pesar de que la fiscal interviniente María Laura Álvarez solicitó en diciembre del 2025 la restitución inmediata del inmueble, la medida aún no fue concretada y la propiedad continúa ocupada. “Yo necesito mi casa para volver, si no tengo que pagar un alquiler en Alem”, resumió la mujer, al describir a El Territorio una situación que, remarcó, se volvió insostenible con el paso del tiempo.
La causa judicial apunta contra dos personas que ya fueron identificadas como Lucas Z. y Silvia L., quienes nunca se habrían presentado ante la Justicia y fueron declarados rebeldes ante la ley.
Durante este período, la familia no sólo se quedó sin hogar, sino que además los denunciados habrían ofrecido un resarcimiento económico de 200 pesos cada uno. Algo que fue rechazado de plano por la damnificada.
De acuerdo al expediente, la Fiscal Correccional y de Menores N°1 de Posadas, había solicitado formalmente la “restitución inmediata del inmueble a su legítima titular”, en el marco de la causa por usurpación que comenzó en 2018. En el mismo escrito también requirió que se fije fecha de debate.
Sin embargo, Elvaz sostiene que, pese a ese requerimiento, el Juzgado Correccional y de Menores Uno aún no avanzó con la medida. “Hace poco volví a Posadas y prácticamente le lloré a la jueza, le dije a la secretaria que por favor se resuelva esto, porque yo ya no puedo ir y venir más”, relató. Reclamó: “Me dijeron ‘allanamiento y orden de desalojo’, pero no pasó nada”.
La mujer reconstruyó que la ocupación ocurrió en uno de sus viajes a Buenos Aires, donde acudía de manera periódica por la salud de su hijo. “Cuando volví quise entrar y ya había otra gente ahí. Llamé a la Policía y me maltrataron con mi hijo con discapacidad”, lamentó con indignación.
Según explicó, inicialmente había dejado a una cuidadora de confianza a cargo del mantenimiento de la vivienda -ubicado en el barrio La Misionerita de Alem-, pero al regresar se encontró con desconocidos en el lugar.
“Yo nunca supe en realidad qué pasó. Después apareció esta gente”, afirmó. Según la última acta de presentación espontánea ante la Fiscalía, que fue el 18 de febrero de este año, los usurpadores originales ya no estarían en la vivienda y, en cambio, ahora reside allí una pareja de adultos mayores que no fueron identificados.
Desde 2018, la mujer asegura haber iniciado un largo peregrinaje judicial sin resultados concretos. Incluso, relató que en un primer momento tuvo dificultades para radicar la denuncia. “No me la querían tomar en Alem. Después me dijeron que sí, pero todo fue muy difícil”, señaló.
El caso se complejizó con el paso del tiempo, atravesado por la delicada situación de salud de su hijo. Luciano, según detalló su madre, padece epilepsia severa, tiene una cavidad cerebral importante y requiere asistencia y cuidados permanentes.
Si bien estos últimos años tuvo avances significativos, como caminar y hablar, actualmente “toma 16 medicamentos por día, tiene dieta cetogénica, cuidadoras, va a la escuela, hace natación. Es un todo”, intentó graficar la madre el día a día familiar. A la fecha, Luciano se atiende en el Sanatorio San Gabriel, en Turdera, Buenos Aires.
Usurparon una casa con elementos esenciales para un tratamiento médico
En ese contexto, la imposibilidad de recuperar su vivienda impacta directamente en su calidad de vida y en el sostén económico. “Yo no puedo estar de un lado a otro con él. Es una persona que depende al 100% de otro. No se sabe vestir solo”, describió.
Además, denunció que en la casa quedaron pertenencias esenciales para el tratamiento de Luciano. “Se quedaron con su cama ortopédica, con la cocina, con la garrafa. Todas las cosas de Luciano se quedaron en la casa”, afirmó.
Mientras tanto, Elvaz debe afrontar gastos que exceden sus posibilidades. “Yo vivo de los alimentos de Luciano, que son medio millón de pesos. Es imposible. Además no tiene pensión (por discapacidad)”, sostuvo. A eso se suman los costos de traslado entre Buenos Aires y Misiones, y los alquileres temporarios cuando regresa a la provincia.
“¿Es justo que yo tenga que alquilar teniendo mi casa?”, se cuestionó. Para Esther, hay pruebas más que suficientes para hacer un reclamo legítimo por su propiedad: “La deuda de la casa está a mi nombre, la luz, el agua, todo está a mi nombre”.
Según indicó, desde el Iprodha le informaron que la situación depende exclusivamente de una resolución judicial. “Me dicen que la casa está judicializada, que es la jueza la que tiene que ordenar el desalojo”, explicó.
La falta de definiciones también genera incertidumbre sobre los próximos pasos de la causa. “Nunca fueron a declarar. No se presentaron”, afirmó sobre los denunciados. Y remarcó que los canales de comunicación tampoco serían accesibles ya que, si no se presenta personalmente ante el Juzgado a consultar sobre su expediente, habría obstáculos para acceder a información oficial: “No tengo forma de averiguar nada”, remarcó al referirse al escaso contacto con la Secretaría del Juzgado capitalino.
En medio de la desesperación, la mujer no descarta medidas extremas. “No sé más qué hacer. Que alguien escuche, que alguien haga algo, soy capaz de encadenarme”, expresó.
“Me siento violada, abusada, estafada, manoseada… por la Policía y por la jueza”, lanzó con crudeza. Anticipó que en la primera quincena de abril viajará nuevamente a Misiones en busca de respuestas concretas y una orden de desalojo que, espera, se efectivice en el corto plazo. “En ninguna parte del mundo pasa que le quiten la casa a una persona con discapacidad, pero yo voy a luchar”, defendió